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martes, 21 de diciembre de 2010

LA EJECUSION DE MARISELA, CRIMEN DE ESTADO

Crimen de Estado







Por Sara Lovera



Por descabellado que parezca, el asesinato de Marisela Escobedo es un crimen de Estado. Marisela Escobedo, a quien muchas de nosotras conocíamos y admirábamos por cómo se había levantado del dolor para pelear, porque cómo entendió en muy poco tiempo el valor cívico de reclamar el derecho a ser mujeres; ella que no se rendía, que estaría junto a las cruces pidiendo justicia para no dejar impune el asesinato de su hija e instaló un campamento, pasara lo que pasara.



Ella que nos dejó ahora, antes de que termine el 2010, el año más sanguinario que han vivido los y las juarenses; el año en que fueron asesinadas en Ciudad Juárez 367 mujeres, la misma cantidad por la que millones de mujeres se indignaron cuando en 1997 ya hablamos de feminicidio en Ciudad Juárez y se levantaron todas las voces.



Marisela no era una madre solamente. Era una mujer indignada y solidaria con todas las madres que en Ciudad Juárez perdieron a sus hijas en esa selva temeraria y fronteriza, donde no hay ley ni gobierno, ni tribunales capaces de responder por los asesinatos de jóvenes, la persecución de defensoras de derechos humanos, de maestros desaparecidos y ataques sistemáticos a la población.



Marisela Escobedo ha dejado a una niña de dos años, hija de Rubí Marisol Fraire, su querida hija. Por Marisela ya se pidió un minuto de silencio en el Congreso; una multitud de organizaciones nacionales e internacionales han solicitado que se investigue y se detenga al culpable, ese que vimos asestar a quemarropa un balazo a Marisela y que nadie puede encontrar todavía, a pesar de que el auto fue filmado y a pesar de que había muchas y muchos testigos.



El homicidio de Marisela, convertida en defensora de derechos humanos, nuevamente pone en el tapete de la discusión si el señor Felipe Calderón ha desatado una guerra, sin estrategia, sin inteligencia y ha demostrado que el aparato de justicia es inviable, en toda la República mexicana y en Ciudad Juárez, ya sabíamos hace más de cinco años que en el Congreso federal se diagnosticó que no existe coordinación entre las policías, ahora tampoco con el ejército; no hay voluntad política de quienes gobiernan; no existe interés en profesionalizar las investigaciones y en detener los crímenes anunciados.



Resulta que el gobierno de Chihuahua ahora dice que el principal sospechoso del asesinato de Marisela Contreras es, precisamente, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, y claro, lo dice porque ha sido incapaz de localizarlo en dos años y detenerlo. Es el mismo Sergio Rafael que mató a la hija de Marisela dos años atrás.



En Ciudad Juárez, además, las luchadoras que están tras cada caso y cada dolor desde hace más de una década, sostienen que cuando su protesta se eleva, se cobran con la vida de una de ellas y los familiares. Lo de Marisela corresponde a esta hipótesis. Menos de 48 horas después incendiaron la casa de Marisela, cuando ella era velada y estuvo en peligro su pareja. ¿La policía no sabe qué pasa, no tiene pistas? ¡No hay investigación, todo mundo corre peligro!



Efectivamente, contra lo que dice el secretario de gobernación a la población, como si nada, con cinismo proverbial, que nos quitemos el miedo. Marisela se lo quitó, estaba protestando porque andaba suelto el asesino de su hija. Por eso la asesinaron, porque nadie la cuidaba, no había cerca del campamento policías o investigadores, no estaba el Estado, no estaba el gobierno, no había ley.



Ya sabemos, las mujeres del país piden, reclaman, se movilizaron inmediatamente, tanto en las redes sociales como en la calle, en el Distrito Federal y en otras ciudades del país, en Ciudad Juárez por supuesto, ahí en el ojo del huracán, donde peligran la vida de todas y todos los que salieron a la calle. A ver qué dice el Secretario de Gobernación ¿cree que tenemos miedo? No, no hay miedo, lo que hay es injusticia, impunidad y quienes debían hacer algo no lo hacen. El asesinato de Marisela Escobedo, la noche del 16 de diciembre, nos ha puesto con los pies en la tierra. Nada ni nadie puede hablar de fiestas y felicidades, porque no hay justicia ni democracia.



Algunas feministas piden que se promuevan demandas unificadas en la Comisión Permanente del Congreso. Es urgente, dice un correo pedir a diputados y senadores que pongan un alto a la corrupción, simulación y complicidad en estos asesinatos.

Es urgente pedir cuentas a la Fiscalía Especializada en los Delitos contra las Mujeres y la Trata (FEVINTRA).



Un paliativo, que no remediará la violencia, pero que puede manejarse como evidencia de que es el Estado es el responsable, exigimos que el Estado otorgue una pensión permanente para la hija de Rubí Marisol, nieta de Marisela.



Y algo que siempre no sirve para nada, pero que se podría simplemente insistir como la creación de una comisión independiente integrada por los familiares de las víctimas y personalidades de derechos humanos, que tome en sus manos este y otros casos.



Una demanda clarísima como la apertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres. En el sueño, en este país, para las especialistas en violencia contra las mujeres sería un avance crear la comisión independiente con los recursos necesarios para contratar especialistas nacionales e internacionales y dar seguimiento e identificar las ligas de corrupción y colusión entre autoridades y feminicidas.



Por supuesto, la indignación tiene que ir más allá de la protesta. Por Marisela Escobedo los grupos de mujeres y derechos humanos levantarán su voz. Sin duda.



saralovera@yahoo.com.mx

BASTA DE IMPUNIDAD EXIGE RSMLAC

¡BASTA DE IMPUNIDAD, EXIGIMOS QUE LA VIOLENCIA MACHISTA SEA ERRADICADA DE NUESTRAS SOCIEDADES!






La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, creada hace 26 años con el fin de articular a organizaciones y personas que defienden y promueven la salud integral y los derechos humanos de las mujeres, rechaza con indignación la pandemia de la violencia machista, cuya extensión cobra hoy dimensiones gigantescas. No existe ningún país ni región que esté totalmente libre de esta lacra, ni siquiera aquellos que avanzan con mayor consistencia hacia niveles de mayor desarrollo humano y a una mayor igualdad en las relaciones entre mujeres y hombres.





En estos días, hemos conocido dos casos emblemáticos de esta dramática realidad ocurridos en nuestra región latinoamericana y caribeña, los cuales nos demuestran la total indiferencia de los Estados que continúan siendo negligentes respecto de su responsabilidad irrenunciable de proteger la vida de quienes habitan en cada nación.



Uno de ellos es el brutal femicidio de la activista de derechos humanos Emilia Margarita Quan Staackmann, socióloga, quien trabajaba en el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), cuyo foco de trabajo es la promoción de la ciudadanía de sectores vulnerables, como indígenas, mujeres, jóvenes, personas de menores recursos. Ella fue secuestrada y cobardemente asesinada el día 7 de diciembre pasado, mientras realizaba un viaje a terreno junto a su compañero de labores Víctor López. Su muerte incrementó así la larga lista de femicidios/feminicidios ocurridos en dicho país en los últimos años.



Y recientemente, conocimos de la muerte de Marisela Escobedo Ortiz, defensora de derechos humanos en México, quien desde hace años luchaba contra la impunidad respecto del crimen cometido contra su hija Rubí Frayre, en Chihuahua, el año 2008, así como, contra la impunidad de cientos de femicidios/feminicidios en su país. En este estado, solamente en el año 2010, ya han muerto más de 300 mujeres por la violencia femicida.



Marisela fue asesinada el 16 de diciembre frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando realizaba una protesta pacífica para exigir a las autoridades la detención del asesino de Rubí, el cual había sido liberado por un tribunal de juicio oral. Junto con abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), ella había conseguido que un tribunal de casación rectificara la decisión de los jueces, obteniendo una sentencia condenatoria contra Sergio Rafael, asesino confeso, equivalente a 50 años de cárcel. Pero este no fue nunca detenido, pese a que Marisela entregó datos para su localización.



Ninguna autoridad escuchó sus quejas, e incluso el Presidente Calderón se negó a recibirla. Murió, por lo tanto, por exigir la justicia que todo ser humano merece y demanda cuando ve transgredidos gravemente sus derechos humanos fundamentales.



Frente a estos casos dolorosos que nos llenan de indignación y rabia, casos que son la muestra de las millones de muertes de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres en todo el mundo, más que nunca es indispensable una amplia movilización ciudadana que exija la erradicación de estas conductas violentas que se expresan en todos los ámbitos. Una movilización que desafíe las estructuras socioculturales que permiten que el poder de dominación resida en los hombres, y que el peso de la subordinación recaiga en las mujeres. Esta abominable discriminación subyace en la raíz de todas las expresiones de la violencia sexista, ya que sostiene que el valor de las mujeres es inferior al de los varones y que el ser mujer implica que puede ser disciplinada a través de los golpes.



Sin embargo, nada justifica la violencia contra mujeres y niñas. Los Estados no pueden evadirse de la responsabilidad que les cabe en la prevención, en la sanción de los delitos, y en la atención y reparación a las víctimas. Y la sociedad toda debe comprometerse en el cambio de los patrones ideológicos que han hecho de la violencia machista una práctica cotidiana.



La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe hace, por lo tanto, un llamado urgente para reforzar la acción en las siguientes líneas:



continuar avanzando por la senda abierta por el movimiento de mujeres a lo largo de las últimas décadas, con el desarrollo de abordajes integrales alrededor de esta problemática, incorporando asimismo a otros movimientos y sectores aliados;
utilizar activamente los instrumentos internacionales de derechos humanos que cautelan los derechos de las mujeres todas, al igual que los avances conceptuales construidos en las diversas conferencias de la ONU sobre la condición de la mujer;
elaborar propuestas de transformación sociocultural que permitan deconstruir, efectivamente, los modelos machistas tradicionales.


Demandemos una propuesta ética de sociedad basada en la justicia, la paz, el respeto a los derechos humanos y en la igualdad entre mujeres y hombres. Una sociedad donde la vida de mujeres y niñas sea una expresión de libertad, dignidad y autonomía. Una sociedad donde vivir sin violencia sea un derecho humano pleno.







Santiago, Chile, 18 de diciembre, 2010.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

MUJERES EXIGEN RESULTADOS EN CIUDAD JUAREZ

EN EL MARCO DEL FORO
Exigimos resultados:
Campo Algodonero y Estrategia Todos Somos Juárez.
Realizado en el Colegio de la Frontera Norte el 10 de Diciembre 2010
Cd Juárez, Chihuahua. México

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.


Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres que habían sido desaparecidas, torturadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez, así como por violar los derechos de sus madres y familiares. La sentencia, a través de un largo proceso judicial, comprueba el incumplimiento por parte del Estado mexicano de sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos en esta ciudad. Las pruebas no sólo remiten a los hechos específicos de tres de las mujeres encontradas en el Campo Algodonero, sino también a la información y los hechos documentados desde 1993.

La condena implica reparaciones que incluyen acciones para transformar la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que se ha registrado desde 1993. Sin embargo, los hechos que se han sucedido en este año 2010, que debía ser el primer año de implementar las medidas de la sentencia de Campo Algodonero, son más graves que cualquiera de los años de las casi dos décadas que analizó la Corte. La impunidad y la simulación en las acciones respecto de los derechos de las mujeres no disminuyen, todo lo contrario se agravan. Se agravan en dos sentido centrales:
La impunidad tiene nuevos argumentos de justificación a través de la guerra que el gobierno ah denominado contra el crimen, pero que en la realidad la sociedad vive en su contra, y que vuelve a afectar a las mujeres de manera específica y con efectos desproporcionados en el menoscabo de sus derechos en referencia con los hombres.
La simulación se consolida y hace creer que sólo son afectados los sujetos que están vinculados con el crimen organizado, generando desde ahí divisiones entre los grupos afectados por la guerra. Pero en realidad los grupos de sujetos que se encuentran en alto riesgo, ya no son sólo las mujeres jóvenes y pobres, sus madres que exigen justicia y las defensoras que las acompañan. También otros jóvenes, también otros defensores. Ahora abarca a los médicos y a la comunidad universitaria, a grandes y pequeños empresarios, continúa contra las trabajadoras y se renueva contra las mujeres en las relaciones familiares y en la comunidad. LA realidad es que la sociedad toda es afectada por la impunidad, la simulación y la violencia que ejercen las instituciones.

Ante las masacres en contra de jóvenes en Villas de Salvarcar, al inicio de este año, y que son en sí mismas resultado de la errónea política de desarrollo y seguridad de las autoridades, se implementó la estrategia “Todos somos Juárez”. Así como las campañas por limpiar la imagen de Juárez, en las que se sigue afirmando que el feminicidio es un mito, en este caso es necesario reflexionar y evidenciar quienes son los sujetos incluidos la estrategia “Todos somos Juárez”.

Desde los primeros días de trabajo con la Presidencia y las autoridades, en los que quitaron la mesa de derechos humanos, no estamos incluidos en el “todos” quienes nos hemos organizado en la promoción y defensa de los derechos humanos. Tampoco están en el “todos” los jóvenes por quienes supuestamente se creó el plan, pues desde la primera visita del Presidente a esta ciudad fueron golpeados y amedrentados por las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno al expresar su opinión. Tal como y cómo lo vivimos en los últimos meses, tampoco están los jóvenes universitarios, a quienes los agentes de seguridad pública les dispararon por la espalda ante su protesta y denuncia pacífica.

En el “todos” no están las madres de los jóvenes de Salvarcar o de horizontes del Sur, ni las familias de las mujeres desaparecidas desde 1993, ni los hijos e hijas huérfanos o desplazados, ni quienes han sido secuestrados y extorsionados en los últimos años. Tampoco están las y los periodistas asesinados, ni aquellos censurados. Tampoco estamos todas aquellas personas que levantamos la voz para exigir los derechos que nos corresponden ni aquellas personas que hacemos propuestas, desde las mujeres, para mejorar la condición de todas las personas.

Porque estos 20 años de feminicidio en Ciudad Juárez no han pasado sin propuestas y sin una intensa actividad de nuestra parte para restaurar el Estado de derecho y construir condiciones de desarrollo social y de democracia. La sentencia de Campo Algodonero es prueba de ello. Cada uno de sus resolutivos dan pautas precisas para terminar con la impunidad y la simulación que ha sostenido el feminicidio y que ahora resquebraja todos los espacios y sujetos sociales.

La simulación se sustenta en respuestas simplistas, en las que el Estado afirma reparar los daños dando acceso parcial a los derechos que de por sí nos corresponden. Simula al afirmar que quienes hacemos cualquier crítica y propuesta diferente a la suya estamos en su contra y en contra de la sociedad.

La simulación sustenta la impunidad. No sólo no investiga los oprobios contra la sociedad, sino que mantiene a los funcionarios corruptos y negligentes. La simulación y la impunidad deja inoperantes la leyes que hemos aprobado. Tenemos en nuestras leyes una Alerta de Género que no ha sido implementada para Ciudad Juárez, pero sin ningún sustento se nos impone un plan como la estrategia “Todos somos Juárez”.

Denunciamos de nueva cuenta que el Estado mexicano a través de sus diversas autoridades, por un lado se aprueba leyes que le permiten aparentar ante la comunidad internacional, pues no las aplica. Y por otro lado aprueba leyes y prácticas que depredan los derechos laborales, civiles, políticos, económicos y sociales de toda la ciudadanía y desde ahí sostiene una política y cultura de terror que sólo beneficia a unos cuantos que se arropan en la palabra “todos”.

La gran mayoría de quienes ocupan los cargos de representación popular y que operan las instituciones que dan certeza jurídica, han dejado de representar los intereses de la sociedad. No estamos diciendo que nosotros mismos tengamos intereses idénticos, pero todos los que estamos aquí seguimos los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Todas y todos los que estamos aquí exigimos esos derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades para todas las personas. “Todas” nombrando la diversidad y especificidad de las personas, no un “todos” que sólo arropa a los que piensan como los que están en los cargos del Estado y del crimen organizado.

Las propuestas, mecanismos, alternativas para salir de esta guerra y de este feminicidio ya están dadas, sólo falta la voluntad efectiva de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Mientras eso sucede, es necesario decir, retomando las palabras de la Corte Interamericana, que el único responsable de la pérdida de vidas y de la guerra que se ejerce contra de la población civil es el propio Estado mexicano, que incumple sus obligaciones más básicas de preservar la vida y las libertades fundamentales de los hombres y mujeres que integran su sociedad.



Imelda Marrufo Nava. / Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
52+(656) 307 37 48
Cd. Juárez, Chih., Mex